El juez desafía a Trump: ¿podría enfrentar un desacato criminal?
El desafío legal de Trump ante la justicia estadounidense
Los conflictos entre la Administración de Donald Trump y el sistema judicial de Estados Unidos han alcanzado un nuevo nivel de tensión. Este miércoles, un juez federal, James Boasberg, emitió graves advertencias a la administración del expresidente por desoír sus órdenes relacionadas con la deportación de inmigrantes indocumentados. La situación se ha intensificado a tal punto que Boasberg ha planteado la posibilidad de un desacato criminal si no se cumple con sus demandas.
La acusación de desacato
El magistrado Boasberg ha indicado que la Administración Trump ha actuado en desacato al no acatar sus órdenes para detener las deportaciones exprés de inmigrantes indocumentados, específicamente de Venezuela, el mes pasado. Entre las órdenes ignoradas se encuentran:
- El regreso de dos vuelos de deportación a territorio estadounidense.
- Brindar a los inmigrantes la oportunidad de enfrentar su expulsión ante la justicia.
- Proporcionar información detallada sobre el proceso de deportación exprés.
Bajo esta sombría amenaza, el juez ha enfatizado que la situación podría interpretarse como una clara desconsideración deliberada por parte del Gobierno hacia el poder judicial. En un detallado documento de 46 páginas, Boasberg subrayó que ha ofrecido al Gobierno múltiples ocasiones para justificar sus acciones, y que ninguna de sus explicaciones ha sido satisfactoria.
Un contexto de deportaciones aceleradas
El desencadenante de esta crisis legal se originó el pasado 15 de marzo, cuando Trump anunció su intención de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia”, invocando una controvertida ley de 1798. Esta ley, aplicada en tiempos de guerra, fue utilizada como pretexto para afirmar que bandas venezolanas, como el Tren de Aragua, estaban llevándose a cabo como parte de una “invasión” planificada por el régimen de Nicolás Maduro. Con ese argumento, más de doscientos inmigrantes indocumentados, bajo la sospecha de pertenencia a estas bandas, fueron colocados en vuelos hacia El Salvador.
Sin embargo, la rápida respuesta judicial, junto con la grave preocupación por el tratamiento de estos inmigrantes, llevó a Boasberg a ordenar que los vuelos fueran devueltos antes de llegar a su destino. A pesar de esto, la Administración Trump hizo caso omiso de la orden, lo que provocó una fuerte crisis política y una serie de ataques desde los aliados de Trump, quienes acusaron a Boasberg de ser un “juez activista”.
Enfrentamientos entre el Ejecutivo y Judicial
El desdén mostrado por el Gobierno hacia las órdenes judiciales provocó un altísimo barro político, y la presión aumentó cuando Trump solicitó el impeachment del juez Boasberg, otra acción que resultó en una amonestación por parte de John Roberts, el magistrado jefe del Tribunal Supremo. A pesar de que el alto tribunal eventualmente desbloqueó la orden de Boasberg por un defecto en el procedimiento, el juez ha enfatizado que esto no justifica las violaciones a sus órdenes por parte del Gobierno.
Ahora, Boasberg abre la puerta para que la Administración Trump pueda “subsana” el desacato, lo que implicaría una difícil decisión para Trump: permitir el regreso de cientos de deportados para que reciban un debido proceso legal sobre sus expulsiones. De lo contrario, el juez procederá con el desacato, que podría culminar en un referendo al Departamento de Justicia para investigar las violaciones.
Las complicaciones de otros casos relacionados
La situación se complica aún más con otro caso de deportación que ha capturado la atención pública: el de Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño deportado “por error”. Abrego fue uno de los inmigrantes enviados a El Salvador en esos vuelos y, tras un reconocimiento de error administrativo por parte del Gobierno, se desató otra batalla judicial. La jueza Paula Xinis ha acusado a la Administración de no cumplir con las órdenes de facilitar el regreso de Abrego García, abriendo también la posibilidad de un desacato en su caso.
Los altos funcionarios de Trump, incluido el fiscal general Pam Bondi, han argumentado que Abrego García representa una amenaza, a pesar de que la jueza no ha encontrado evidencia sustentable de tales afirmaciones. En este contexto, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha mostrado reticente a facilitar el regreso del deportado, buscando mantener buenas relaciones con la administración Trump.
Así, la situación de los inmigrantes y el manejo de las deportaciones en Estados Unidos se ha convertido en un campo de batalla entre el poder judicial y la administración Trump, con implicaciones serias para la separación de poderes en una de las democracias más antiguas del mundo.
Fuente original de la información: ABC – Javier Ansorena
Créditos de la imagen: AFP