El misterio que rodea al Palacio de Justicia cuarenta años después
El misterio que rodea al Palacio de Justicia cuarenta años después
La noche del 6 de noviembre de 1985, Bogotá fue escenario de uno de los capítulos más dolorosos y complejos de su historia. A las 11:35 de la mañana, un comando de la guerrilla del M-19, integrado por aproximadamente 35 miembros, irrumpió en el Palacio de Justicia. Esta acción, conocida como la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, buscaba un fin determinado, pero se transformó en una tragedia de proporciones incomprensibles. Cuarenta años después, la sombra de aquel evento sigue presente, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y heridas que aún no han sanado.
El balance fue devastador: 101 vidas perdidas. Entre ellos se contaban once dignos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, innumerables funcionarios, valientes miembros de la fuerza pública y civiles que, sin buscarlo, se vieron atrapados en el fuego cruzado. A esta cifra se suman once personas que desaparecieron sin dejar rastro, su destino un misterio que perdura. Paradójicamente, de los guerrilleros implicados, solo una mujer logró sobrevivir a las 28 horas de intensa confrontación que marcaron para siempre a Colombia. La recuperación del edificio por parte del Ejército dejó una huella imborrable, un recuerdo constante de la violencia y los excesos que pueden derivar de situaciones extremas.
Un aniversario con un sabor diferente
Este cuadragésimo aniversario se siente distinto a los anteriores. No es solo el paso del tiempo lo que le otorga una significación especial, sino la persistente ausencia de un reconocimiento formal de responsabilidad por parte de los exguerrilleros del M-19. La expectativa, ahora más que nunca, es palpable, especialmente porque uno de los rostros de aquel movimiento, el actual presidente Gustavo Petro, ocupa el más alto cargo de la nación. ¿Podrá su posición actual propiciar наконец ese gesto de verdad y reconciliación que las víctimas tanto anhelan?
Resulta fascinante y a la vez inquietante recordar la compleja trayectoria judicial que ha rodeado a figuras como Petro. En 1989, una sentencia del Juzgado Treinta de Instrucción Criminal Ambulante lo involucró, junto a la cúpula del M-19, en cargos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro y falsedad. Sin embargo, en un giro propio de la intrincada historia colombiana, los procesos de paz impulsados por el gobierno de Virgilio Barco llevaron a un primer indulto en 1990, archivando el caso. Pero el camino no sería tan sencillo. En 1992, la persistencia de la justicia demandó un segundo indulto, gestionado en el Congreso, incluso con la polémica participación del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, para blindar a los miembros del desmovilizado M-19 contra nuevas acusaciones. Este vaivén legal resalta la profunda polarización y los desafíos de justicia que el país ha enfrentado históricamente.
La voz de las víctimas y la sombra de la impunidad
Para figuras como Carlos Medellín Becerra, exministro de Justicia e hijo de uno de los magistrados fallecidos, la esperanza de un reconocimiento de responsabilidad en este aniversario es casi nula. En su visión, Colombia eligió silenciar el tema durante décadas, y aunque la Comisión de la Verdad en 2009 hizo un esfuerzo por esclarecer lo ocurrido, él percibe un país que optó por el perdón sin una verdadera reparación ni justicia.
Sus palabras resuenan con una amarga verdad: «El país decidió perdonar todo a cambio de nada». Esta declaración encapsula el sentimiento de muchos de aquellos que perdieron a sus seres queridos y que ven con escepticismo los vaivenes políticos y las versiones cambiantes que se han ofrecido a lo largo del tiempo. Las recientes declaraciones de distintos líderes políticos, incluido el presidente Petro, han generado controversia, pues para muchos, intentan acomodar los hechos a narrativas que no siempre coinciden con lo investigado y documentado.
Medellín va más allá, exigiendo un mínimo de respeto y pudor. No es concebible, según su perspectiva, que se reivindique la bandera del M-19 o se busquen réditos políticos de un acto que, en sus palabras, «sólo tiene un responsable», la guerrilla. La búsqueda de la verdad no solo es un deber histórico, sino una necesidad para la cicatrización genuina de una sociedad marcada por la violencia.
El rol de Pablo Escobar: un fantasma persistente
Más allá de la responsabilidad del M-19 y la intervención militar, una pregunta sombría persiste en los debates sobre los hechos del Palacio: ¿hasta qué punto estuvo involucrado Pablo Escobar Gaviria y el narcotráfico? En aquella época, el capo sembraba el terror en Colombia, y lógicamente se especulaba con su interés en un ataque que pudiera golpear a la Corte, especialmente por los fallos relacionados con la extradición.
Las versiones son variadas y, a veces, contradictorias. Mientras figuras como Otty Patiño, actual líder de la Paz Total del gobierno y exmiembro del M-19, defienden que el narcotráfico no tuvo rol alguno, argumentando que la toma buscaba juzgar al presidente Betancur por incumplimiento de acuerdos, otras voces difieren. La misma Comisión de la Verdad señaló posibles vínculos entre el Cartel de Medellín y la operación, citando testimonios como el de alias ‘Popeye’, lugarteniente de Escobar, que aseguraba el pago de dos millones de dólares para influir en la Corte.
Este debate subraya la complejidad y las múltiples capas de intereses que pudieron confluir en aquel fatídico día, imposibilitando una narrativa sencilla y única de los hechos. La interconexión entre actores armados ilegales y poderes criminales añade una dimensión aún más oscura a este ya trágico evento.
La acción militar y el incendio: un holocausto evitable
Es crucial recordar que la devastadora imagen del Palacio ardiendo y los archivos consumidos por el fuego no fue obra exclusiva del M-19. La recuperación del edificio por parte del Ejército, marcada por la velocidad y la violencia, es un capítulo igualmente trágico de esta historia. Los magistrados habían sido alertados de la amenaza y, en un giro inexplicable, su seguridad fue retirada días antes, dejando el edificio vulnerable.
La actuación del Ejército, apresurada y sin tregua, buscaba evitar una prolongada permanencia guerrillera, como ya había ocurrido en la toma de la Embajada de la República Dominicana. Sin embargo, esta celeridad tuvo un costo altísimo: la vida de civiles y el riesgo de un «holocausto» inminente. Carlos Medellín describe cómo el tiroteo se desató rápidamente, y en pocas horas, muchos ya habían perecido.
El incendio no solo destruyó documentos cruciales relacionados con la extradición, sino también aquellos vinculados a la justicia penal militar. En ese momento, varios magistrados adelantaban sentencias por violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, que operaban con cierta impunidad bajo el Estatuto de Seguridad. El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada, y varios militares fueron señalados por crímenes de lesa humanidad. Este aspecto de la historia revela cómo la tragedia del Palacio de Justicia no fue solo una confrontación entre guerrilla y Estado, sino un entramado de excesos y violaciones que dejaron cicatrices profundas en la estructura misma de la justicia y los derechos humanos en el país.
Al final, cuarenta años después, el Palacio de Justicia sigue siendo un símbolo de un misterio que se resiste a ser completamente resuelto, un llamado constante a la memoria, la verdad y la búsqueda de una justicia que, para muchos, aún no ha llegado.
Fuente original de la información: ABC – Poly Martínez
Créditos de la imagen: afp