El Palacio de Justicia: 40 años de una herida que la política no deja cerrar
El Palacio de Justicia: 40 años de una herida que la política no deja cerrar
Han pasado cuarenta años desde aquel fatídico 6 de noviembre de 1985, un día que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de Colombia. El punto de mira fue el majestuoso Palacio de Justicia, en el corazón de Bogotá, testigo de un asalto que se convertiría en una de las páginas más dolorosas de la historia del país. La “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, llevada a cabo por un comando del M-19, dejó una cicatriz profunda, un evento que resuena con una fuerza particular en este aniversario tan significativo.
Aquella mañana, a las 11:35, el comando Iván Marino Ospina, compuesto por 35 guerrilleros del M-19, irrumpió en el sótano del edificio, desatando una vorágine de violencia que se prolongaría por 28 horas. El balance fue desgarrador: 101 muertos, incluyendo once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, numerosos funcionarios, miembros de la fuerza pública y civiles que se encontraban en el lugar. A esta cifra se sumaron once desaparecidos, un enigma que aún hoy, cuatro décadas después, clama por respuestas. Solo una guerrillera logró sobrevivir a la espiral de fuego y destrucción.
Un Aniversario con Ecos Políticos
Este cuadragésimo aniversario no es uno más. Cobra una relevancia especial, no solo por el paso del tiempo, sino por el contexto político actual. Las víctimas y la sociedad siguen esperando un reconocimiento formal de responsabilidad por parte de los exguerrilleros del M-19, entre quienes se encuentra el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en aquel entonces formaba parte de la cúpula de ese movimiento.
El Pasado Judicial del Presidente Petro
Resulta que el 31 de enero de 1989, el Juzgado Treinta de Instrucción Criminal Ambulante emitió una sentencia que acusaba a la comandancia del M-19, incluyendo a Petro, por delitos graves como rebelión, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro y falsedad. Esto llevó a una medida de aseguramiento para todos los involucrados.
Sin embargo, el destino tenía otros planes. La política de paz del gobierno de Virgilio Barco con el M-19 culminó en un acuerdo el 9 de marzo de 1990, lo que resultó en el indulto de sus miembros y el archivo del caso. Curiosamente, un segundo indulto fue necesario en 1992, cuando una jueza sin rostro ordenó la captura de la cúpula del M-19, argumentando que la ley de indulto no cubría actos terroristas como el incendio del Palacio de Justicia. Esta situación afectó a 31 miembros, incluido el propio Petro. La crisis llevó a que el senador Álvaro Uribe Vélez presentara ante el Congreso la ponencia para un segundo indulto.
La Demanda de Verdad y Respeto
Hoy, la gran incógnita es si, en este aniversario tan cercano al fin del gobierno de un expresidente miembro del M-19, habrá un gesto de reconocimiento. Carlos Medellín Becerra, exministro de Justicia e hijo de uno de los magistrados fallecidos en el ataque, Carlos Medellín Forero, ha sido una voz incansable en la búsqueda de la verdad para las víctimas. Su perspectiva es desalentadora: considera que no habrá tal gesto por parte de quienes lideraron el M-19, y que hoy ocupan altos cargos en el gobierno.
Medellín expresa su frustración: «Nada. El país decidió no hablar ni ocuparse del tema durante, por lo menos, 30 años. Después, en 2009, empezaron a hablar de la Comisión de la Verdad para saber qué pasó, comisión que fue integrada por tres presidentes de la Corte. Creo que hicieron un buen trabajo en ese momento, teniendo en cuenta que ni reparación ni justicia hubo. El país decidió perdonar todo a cambio de nada».
La polarización política actual en Colombia añade una capa más de complejidad a esta conmemoración. En medio de la precampaña electoral, los comentarios y actitudes del presidente y sus seguidores sobre los eventos del Palacio han sido considerados por muchos como una afrenta, especialmente por aquellos que vivieron la violencia de primera mano. Medellín es contundente: «Tal vez, lo que esperaría es un poco de respeto y de pudor ya que los perdonaron, ya que no hubo ni verdad ni justicia ni reparación y no repetición de nada. Por lo menos algo de respeto con el tema, porque ondear la bandera del M-19 hoy y tratar de reivindicar lo que pasó no es correcto. La verdad es que el acto criminal de la toma del Palacio de Justicia solo tiene un responsable y es el M-19».
Para él, buscar réditos políticos de este doloroso episodio es «impropio, no es correcto, no es justo y no es cierto».
La Sombra de Pablo Escobar
Otra de las aristas que se retoma en cada aniversario es la posible implicación de Pablo Escobar Gaviria, el temido capo del Cartel de Medellín. Se especula con su interés en golpear a la Corte Suprema debido a sus fallos a favor de la extradición.
Las versiones son variadas. Para Otty Patiño, quien hoy lidera la Paz Total del Gobierno y fue parte del M-19, narcotráfico y toma del Palacio de Justicia no tuvieron conexión. Él sostiene que el verdadero fin era realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur por incumplir el cese al fuego. Patiño se muestra “absolutamente convencido” de que una decisión tan trascendente no pudo haber sido tomada por orden de un narcotraficante.
La Comisión de la Verdad, si bien no encontró pruebas concretas, sí apuntó a posibles vínculos entre el Cartel de Medellín y la toma. Esto se basó, en parte, en el testimonio de alias ‘Popeye’, lugarteniente de Escobar, quien afirmó que se les entregó dinero para presionar a la Corte. No obstante, otros miembros del M-19 de la época han desmentido estos nexos, argumentando que de haber contado con esos recursos, la operación habría sido muy diferente.
El Papel del Ejército y sus Consecuencias
Pero la historia del Palacio de Justicia tiene también un «lado B» que a menudo queda en la penumbra: la recuperación del edificio por parte del Ejército. Está documentado que los magistrados fueron advertidos de un plan de la guerrilla para tomar el Palacio el 17 de octubre, y que, inexplicablemente, dos días antes se les retiró la seguridad, dejando el edificio con mínimos custodios.
La respuesta militar fue fulminante y violenta. Según Carlos Medellín, el objetivo era evitar que la guerrilla se atrincherara por mucho tiempo, como había sucedido con la toma de la Embajada de República Dominicana años atrás. «La toma del Palacio de Justicia estaba cantada y era preciso resolverla en pocas horas, sin darle largas», explica Medellín. «Eso explica que el Ejército hubiera llegado tan rápido, desatando un tiroteo, todos disparaban y creo que, hacia las cuatro de la tarde, unas cinco horas después de la toma, ya estaban todos muertos».
La intensidad del fuego provocó el incendio del Palacio, destruyendo no solo archivos relacionados con la extradición, sino también con la justicia penal militar. Varios magistrados estaban a punto de emitir sentencias por violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. El Estado colombiano fue posteriormente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada. Varios militares, incluidos Alfonso Plazas Vega, Iván Ramírez Quintero y Edilberto Sánchez Rubiano, así como mandos medios, fueron condenados por crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada. La herida del Palacio de Justicia sigue abierta, un doloroso recordatorio de un pasado que aún busca su sanación en la verdad y el reconocimiento.
Fuente original de la información: ABC – Poly Martínez
Créditos de la imagen: afp