La sorprendente reacción del Tribunal Supremo ante los ataques de Alvise Pérez a la fiscal Gisbert
La sorprendente reacción del Tribunal Supremo ante los ataques de Alvise Pérez a la fiscal Gisbert
El Tribunal Supremo ha tomado una decisión contundente al abrir una tercera causa penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise. Esta vez, las acusaciones se centran en mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert. Esta nueva causa se añade a dos procedimientos anteriores que el Alto Tribunal ya había iniciado en su contra, relacionados con financiación ilegal y la difusión de una PCR falsa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Detalles del nuevo procedimiento
La Sala Penal del tribunal ha designado al magistrado Ramón Berdugo como instructor de este caso, aceptando la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia. Este juzgado inició diligencias tras la denuncia presentada por Gisbert, quien alegó que Alvise, como líder del movimiento Se Acabó la Fiesta (SALF), había lanzado injurias contra ella y había fomentado un ambiente de coacciones y odio hacia su persona a través de las redes sociales.
La denuncia de Gisbert es particularmente alarmante, ya que señaló que los mensajes de Alvise habían incitado a personas desconocidas a enviarle «múltiples mensajes amenazantes o insultantes» en sus distintas plataformas sociales. El impacto de estas acciones es notable, ya que ha generado un clima hostil hacia la fiscal.
El contexto del acoso digital
El Tribunal Supremo enmarca la conducta del eurodiputado dentro de un presunto acoso, en una nueva dimensión de lo que se conoce como ‘stalking’. Este término se refiere a la acción de hostigar a una persona de manera sostenida, provocándole una alteración significativa en su vida cotidiana. En este caso, se destaca la audiencia en línea de Alvise, que incluye cerca de 40.000 seguidores, quienes reaccionaron a sus publicaciones de manera violenta.
El auto del Supremo menciona cómo, el pasado 28 de enero, Alvise había publicado un mensaje que incluía un ‘organigrama’ con nombres de personas a las que acusaba de una supuesta persecución ideológica. Este post incluía una imagen de la fiscal Gisbert, señalando su responsabilidad en la aplicación de sanciones por delitos de odio, lo que, según los informes policiales, provocó una avalancha de reacciones por parte de sus seguidores, incluyendo más de 1.500 comentarios que contenían insultos y amenazas hacia ella.
Reacciones y consecuencias legales
El Tribunal ha analizado las implicaciones de esta situación y ha destacado que, aunque en la investigación inicial no se ha encontrado evidencia de que Alvise haya emitido coacciones, amenazas o injurias directas hacia Gisbert, esto no excluye la posibilidad de una responsabilidad criminal en relación a los hechos que están siendo objeto de investigación.
Los magistrados han hecho hincapié en la importancia del ‘stalking’, explicando que este acoso constante provoca intranquilidad en la víctima. Según el Supremo, la simple posibilidad de que estas acciones sean lesivas no es suficiente, ya que se debe demostrar que el acoso tiene un impacto real y duradero en la vida de la persona afectada. Este caso marca un hito en la forma en que se abordan las amenazas y el acoso a través de plataformas digitales, reflejando un cambio en la legislación y la percepción social hacia estos delitos.
Un llamado a la reflexión
La situación que enfrenta Susana Gisbert resuena profundamente en nuestra sociedad actual, donde el uso de las redes sociales puede, lamentablemente, convertirse en un arma de desinformación y acoso. Este caso no solo subraya la necesidad de proteger a quienes ejercen roles públicos, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad que los líderes de opinión tienen en la era digital.
Los efectos de estas acciones trascienden lo individual, afectando la percepción de la justicia y la seguridad en un entorno donde los ataques virtuales pueden tener consecuencias reales y devastadoras en la vida diaria de una persona.
La decisión del Tribunal Supremo de investigar a Alvise Pérez es un indicativo claro de que la justicia contempla las nuevas dinámicas de comunicación en nuestro tiempo, haciendo un llamado a la responsabilidad y ética en el discurso público.
Fuente original de la información: ABC – Nati Villanueva
Créditos de la imagen: ep